La batalla mediática en América Latina

En los últimos años, gobiernos latinoamericanos electos con el compromiso de revertir desigualdades sociales pasaron a incluir la democratización de la comunicación entre sus prioridades. Las nuevas políticas públicas se insertan en el contexto de cambios políticos, económicos y socioculturales en favor de la inclusión de las masas en los procesos de desarrollo. Así que estos cambios resultan de movilizaciones y protestas populares en contra la degradación de la vida social durante décadas de hegemonía neoliberal.

 

Por primera vez en América Latina prosperan, en las agendas públicas, políticas que intentan reestructurar los sistemas de comunicación, con el propósito de superar el histórico letargo del Estado frente a la avasalladora concentración de las industrias de información y entretenimiento en manos de un reducido número de corporaciones nacionales y transnacionales y dinastías familiares, propiciando la constitución de auténticos latifundios mediáticos. La concentración se mantiene en la era de la convergencia digital. Si bien contribuye a la renovación de formatos, lenguajes, dinámicas relacionales y modos de expresión y vehiculización, la digitalización favorece el crecimiento exponencial de la oferta de canales, productos, servicios y contenidos, ampliando los niveles de acumulación de capital y rentabilidad con la mercantilización cultural. 

 

Considerando este complejo escenario, gobiernos progresistas, en diferentes grados y perspectivas, buscan concretar intervenciones que estimulen difusiones descentralizadas, en favor de la pluralización de los medios. Entre la mayoría de estos gobiernos hay consenso acerca de que es indispensable la participación protagónica del poder público en los campos de la información y la cultura, a partir de la comprensión de que las cuestiones comunicacionales deben respetar a los intereses colectivos, y no pueden limitarse a voluntades particulares o a cálculos corporativos.

 

Existe consenso también sobre la necesidad de renovar las disposiciones legales de la radiodifusión bajo concesión pública, para que haya equilibrio en las prerrogativas de actuación entre las tres instancias involucradas: el propio Estado, el sector privado y el sector social (movimientos sociales, comunitarios, universidades, asociaciones profesionales, productores independientes, etc.). Por lo tanto, se imponen medidas que aseguren condiciones adecuadas de acceso, participación y representatividad. 

 

Es importante destacar que las aaciones antimonopólicas varían de país para país, con intensidades diversas, en función de peculiaridades socioculturales, circunstancias políticas y correlaciones de fuerzas específicas. Venezuela, Bolívia, Ecuador y Argentina forman el bloque más activo en términos de definición e implementación de políticas y acciones en contra la concentración de los medios.

 

Entre las medidas favorables al derecho a la comunicación, se incluyen nuevas leyes de radiodifusión; el fortalecimiento de medios estatales y públicos; el apoyo a medios alternativos y comunitarios; el fomento de la producción audiovisual independiente; las garantías de mayor ecuanimidad en el acceso a las tecnologías; el énfasis en la generación y distribución de contenidos regionales y locales y la integración cultural en bases cooperativas y no mercantiles.

 

Como ejemplos significativos de los cambios introducidos hasta ahora, debemos mencionar: 1) la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina; 2) la Ley de Radiodifusión Comunitaria de Uruguay; 3) la Ley de Cinematografía Nacional de Venezuela; 4) la Red de Radios de los Pueblos Originarios en Bolivia; 4) la creación de canales estatales de televisión que ofrecen otras lógicas de programación informativa, cultural y de entretenimiento, más diversificadas y no sometidas a finalidades comerciales, como son los casos de Encuentro, en Argentina, Vive TV, en Venezuela, Ecuador TV, en Ecuador, además de la experiencia extraordinaria del canal informativo multiestatal Telesur.

 

La Ley de Medios de Argentina es un instrumento innovador de regulación, fiscalización, fomento y diversificación de las actividades informativas y culturales. Concibe la comunicación como derecho humano y no como mero negocio. Sus principios antimonopólicos tienden a estimular la pluralidad de voces y la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio completo para la comunicación mediática, incluyendo la convergencia digital entre la TV de cable, la telefonía e Internet.

 

La influencia de la Ley de Medios puede ser comprobada cuando encontramos propuestas semejantes que están siendo elaboradas por los gobiernos de Ecuador y Uruguay. En ambos casos, las revisiones de la radiodifusión se inspiran en la metodología de consultas a las organizaciones de la sociedad civil, adoptada por el gobierno argentino durante la preparación del anteproyecto de ley. 

 

Estos resultados son alentadores, pero sabemos perfectamente que los avances no se alcanzan sólo con buenas intenciones. No podemos cometer el pecado de desconsiderar los conflitos y problemas vigentes en algunos países. Entiendo que uno de los problemas más serios es la opción de determinados gobiernos por conciliar con  clases, grupos e instituciones hegemónicos, lo que trae como consecuencia la postergación de medidas antimonopólicas y el sostenimineto del "más de lo mismo".  

 

Es el caso de Brasil. Después de ocho años y nueve meses de gestión de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el sistema de comunicación del país continúa siendo uno de los más anacrónicos de Latinoamérica, con dramática concentración de los medios en torno de un puñado de conglomerados privados. El bloque parlamentario oficialista es mayoritario en el Congreso Nacional, pero el punto crucial son las alianzas del PT de Lula y Dilma con partidos conservadores. A diferencia de Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador, en Brasil los partidos de derecha y de centro-derecha comparten el poder con el PT, comandando ministerios y empresas estatales. Uno de los aliados de Dilma y Lula es el presidente del Senado, José Sarney, que ha sido presidente del partido oficialista de la dictadura militar (1964-1985). Estas alianzas contradictorias impidien, muchas veces, avances y cambios, incluso en la área de comunicación. Cuando alguna medida es tomada por el gobierno brasileño, casi siempre tiene alcance limitado y relativo, como el caso de la nueva ley de televisión por cable, de septiembre de 2011, que ha autorizado, de manera indiscriminada, la participación de corporaciones privadas de telecomunicaciones en el sector. Todo lleva a creer que Telmex de México, Telefónica de España y la News Corporation del magnate Rupert Murdoch controlarán el mercado, las estrategias de programación y la distribución de contenidos. En sintesis, el círculo vicioso de la concentración va a ser fortalecido. El incremento de la producción audiovisual independiente, previsto en la legislación y muy celebrado por el oficialismo, sólo asegura tres horas y media de por semana a películas nacionales (ahí incluida la cota de producciones comerciales supuestamente “independientes”), y en determinados horarios y a criterio de las operadoras de los paquetes. Y, para peor, los canales comunitarios fueron excluidos de la ley, lo que significa la prevalencia de los intereses mercantiles sobre la diversidad cultural.

 

Sin embargo, la principal cuestión conflictiva en América Latina es otra. Las violentas campañas mediáticas, como las que ocurren en Argentina, resaltan las resistencias de clases y grupos dominantes en contra de las mediadas gubernamentales para diversificar la radiodifusión. El propósito, deliberado pero no asumido públicamente, es impedir un convencimiento más amplio de la sociedad en torno a los cambios en curso. Los editoriales denuncian “amenazas a la libertad de expresión” que estaría siendo cometida por gobiernos progresistas. Se trata de un falseamento claro de la cuestión. El renombrado jurista brasileño Fábio Konder Comparato, lúcidamente, ha enfatizado que el concepto de libertad de expresión está vinculado a los derechos públicos y a las aspiraciones colectivas, sin subordinación a ambiciones privadas. 

 

El derecho de informar y ser informado no está amenazado por las legislaciones democratizadoras, sino por las corporaciones que confunden y reducen la libertad de prensa a la libertad de empresa. Los grandes medios no tienen autoridad moral y ética para hablar de libertad de prensa porque, frecuentemente, establecen mecanismos de control de la información que limitan las voces que deben interferir en el debate político, económico y cultural, buscando neutralizar miradas críticas y visiones alternativas. Todo lo que pueda contrariar sus múltiples intereses debe ser evitado, combatido o silenciado. En síntesis, los alegatos empresariales ocultan lo esencial: los grupos mediáticos resisten y resistirán a todas las medidas que afecten sus privilegios, conquistados en décadas de complicidad con sucesivos gobiernos.

 

Resulta evidente que se trata de una difícil y prolongada batalla por la hegemonía cultural y política. El triunfo de las posiciones progresistas dependerá, fundamentalmente, de presión social organizada, acumulación de fuerzas, compromiso político y respaldo popular. Creo que será preciso empeñar, de forma permanente, las capacidades argumentativas y intensificar la circulación de informaciones veraces en los medios estatales, públicos comunitarios, y también en redes sociales y canales alternativos, con la conciencia de que los enemigos de la diversidad controlan todavía los medios masivos y siguen influyendo en la configuración del imaginario social. Lo que está en juego en estas disputas de sentido y poder es, de un lado, esclarecer a la opinión pública y denunciar deformaciones y mentiras sobre las transformaciones en curso. De otro lado, se trata de instituir democraticamente sistemas de comunicación que permitan la manifestación de múltiples puntos de vista en la sociedad,  contribuyendo así para pluralizar voces, valores  y mentalidades. 

 

Por todo eso, estoy convencido de que la lucha por otra comunicación posible, cada vez más, es una parte determinante del proceso de democratización y socialización en América Latina.

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